Desde los mismos orígenes del Estado la comunidad política ya estaba compuesta por una minoría que detentaba la soberanía con la que disfrutaba de la capacidad para tomar decisiones vinculantes para toda la población, lo que se amparaba en el recurso a la coerción para su correspondiente aplicación. Durante la Edad Media la comunidad política la integraba la corona y los poderhabientes: aristócratas, clero y ciertos elementos del Tercer Estado a través de corporaciones y otras instituciones semejantes. Si bien es cierto que el reparto de poder entre la corona y los poderhabientes fue desigual al ser favorable para estos últimos durante el periodo medieval, paulatinamente fueron produciéndose sucesivos reajustes en las relaciones mutuas que a la postre cristalizaron en la formación de los primeros regímenes parlamentarios en Europa. Para entonces las grandes clases sociales fueron definitivamente integradas en las tareas de gobierno con la promulgación de constituciones que hacían del parlamento el depositario de la soberanía. Esto estuvo unido a la concesión y reconocimiento de la ciudadanía política a estas mismas clases sociales, lo que fue realizado a partir de un criterio de riqueza. De este modo sólo quienes ostentaban la ciudadanía política en virtud de su riqueza podían participar en la política, y por tanto elegir y ser elegidos para cargos institucionales. Sobre esta premisa se forjó el concepto moderno de la comunidad política en lo que vino a llamarse pueblo o nación. Por esta razón cuando en documentos históricos y oficiales se mencionaba al pueblo únicamente se hacía referencia a aquellas clases sociales que disfrutaban de la ciudadanía política, y que por tanto componían la comunidad política de la que la mayor parte de la población estaba excluida [...]
E. Vidal
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