jueves, 13 de octubre de 2016

Siglo XXI nº 15

En su libro La CIA en España (Editorial Debate, 2006), el periodista de investigación Alfredo Grimaldos aseguraba que la llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del Gobierno español en 1982 fue en realidad la alternativa "diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España", estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe Gónzalez convertido ya en Secretario General de un PSOE tutelado por la CIA.
La deriva totalitaria del estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F de 1981) y alcanza su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González (1982), con quien asistimos al finiquito de la 'idílica' Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado "terrorismo de Estado" o "guerra sucia" contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).
Ya en 1989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el "terrorismo de Estado" implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: "El GAL, con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubre los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes".
La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas de Deia, Diario16 y de El Mundo. Así, este último, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo (implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior, José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales.[...]

Sumario:
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