Resulta conveniente recordar que el Estado es una organización compleja que aglutina a una considerable cantidad de personas en diferentes ámbitos institucionales como pueden ser los departamentos ministeriales, los organismos reguladores, los poderes judicial y legislativo, etc. En el caso del Estado español nos encontramos con que su personal integrante lo componen en torno a 3 millones de personas en los diferentes ámbitos territoriales y funcionales. Las dimensiones que ha adoptado el Estado moderno han hecho de este un espacio en el que se desenvuelven una innumerable cantidad de relaciones de diverso tipo, así como contradicciones fruto de la existencia de intereses contrapuestos entre diferentes facciones. Así pues, el Estado no es un ente monolítico sino que más bien abarca e integra en su seno una importante diversidad de intereses y grupos que contienden entre sí para aumentar sus cuotas de poder.
En los regímenes parlamentarios los diferentes intereses que integra el Estado adoptan en ocasiones una expresión política en la forma de partidos que concurren a las elecciones. En este sentido puede comprobarse que es relativamente frecuente encontrarse a miembros del funcionariado a la cabeza de dichas formaciones políticas. Por decirlo de algún modo los partidos políticos, y más en particular los que juegan un papel relevante en la política estatal, constituyen diferentes expresiones del Estado en el desarrollo y concreción de su estrategia para garantizar sus intereses vitales. En líneas generales puede comprobarse que las divergencias de los diferentes partidos políticos gravitan en torno al modo de gestionar el Estado, y por tanto de desarrollar su propia política, y no en torno al sistema de poder que representa el propio Estado como institución central de la sociedad. [...]
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