Podemos como estrategia del Estado y el Capital

Resulta conveniente recordar que el Estado es una organización compleja que aglutina a una considerable cantidad de personas en diferentes ámbitos institucionales como pueden ser los departamentos ministeriales, los organismos reguladores, los poderes judicial y legislativo, etc. En el caso del Estado español nos encontramos con que su personal integrante lo componen en torno a 3 millones de personas en los diferentes ámbitos territoriales y funcionales. Las dimensiones que ha adoptado el Estado moderno han hecho de este un espacio en el que se desenvuelven una innumerable cantidad de relaciones de diverso tipo, así como contradicciones fruto de la existencia de intereses contrapuestos entre diferentes facciones. Así pues, el Estado no es un ente monolítico sino que más bien abarca e integra en su seno una importante diversidad de intereses y grupos que contienden entre sí para aumentar sus cuotas de poder.

En los regímenes parlamentarios los diferentes intereses que integra el Estado adoptan en ocasiones una expresión política en la forma de partidos que concurren a las elecciones. En este sentido puede comprobarse que es relativamente frecuente encontrarse a miembros del funcionariado a la cabeza de dichas formaciones políticas. Por decirlo de algún modo los partidos políticos, y más en particular los que juegan un papel relevante en la política estatal, constituyen diferentes expresiones del Estado en el desarrollo y concreción de su estrategia para garantizar sus intereses vitales. En líneas generales puede comprobarse que las divergencias de los diferentes partidos políticos gravitan en torno al modo de gestionar el Estado, y por tanto de desarrollar su propia política, y no en torno al sistema de poder que representa el propio Estado como institución central de la sociedad. [...]

Esteban Vidal

Folleto

Portada folleto

Texto

El Estado y el parlamentarismo

Los orígenes del parlamentarismo se remontan a la Edad Media europea, época en la que aparecieron los primeros órganos representativos bajo los auspicios de la Iglesia católica a través de los llamados concilios eclesiásticos. En dichos concilios se encuentra el germen de los cuerpos representativos estamentales y parlamentarios en Europa [1]. Estos órganos medievales se encargaban de representar a las grandes clases sociales, tanto al clero como a la aristocracia y a los elementos más destacados del denominado Tercer Estado. En la Europa continental encontramos el caso de Francia con los Estados Generales, mientras que en el reino de Castilla eran las Cortes. Por su parte en Inglaterra, desde la época de los reyes normandos, existía un parlamento que integraba a las grandes clases sociales.[2] En general esta institución operaba como contrapeso del poder regio, de modo que la corona en ocasiones se veía obligada a negociar con los representantes de los estamentos agrupados en estas cámaras para obtener concesiones en la forma de impuestos y tropas para sus guerras, lo que a cambio exigía la confirmación por parte del monarca de determinados privilegios que disfrutaban los integrantes de dichos estamentos.

Desde los mismos orígenes del Estado la comunidad política ya estaba compuesta por una minoría que detentaba la soberanía con la que disfrutaba de la capacidad para tomar decisiones vinculantes para toda la población, lo que se amparaba en el recurso a la coerción para su correspondiente aplicación. Durante la Edad Media la comunidad política la integraba la corona y los poderhabientes: aristócratas, clero y ciertos elementos del Tercer Estado a través de corporaciones y otras instituciones semejantes. Si bien es cierto que el reparto de poder entre la corona y los poderhabientes fue desigual al ser favorable para estos últimos durante el periodo medieval, paulatinamente fueron produciéndose sucesivos reajustes en las relaciones mutuas que a la postre cristalizaron en la formación de los primeros regímenes parlamentarios en Europa. Para entonces las grandes clases sociales fueron definitivamente integradas en las tareas de gobierno con la promulgación de constituciones que hacían del parlamento el depositario de la soberanía. Esto estuvo unido a la concesión y reconocimiento de la ciudadanía política a estas mismas clases sociales, lo que fue realizado a partir de un criterio de riqueza. De este modo sólo quienes ostentaban la ciudadanía política en virtud de su riqueza podían participar en la política, y por tanto elegir y ser elegidos para cargos institucionales. Sobre esta premisa se forjó el concepto moderno de la comunidad política en lo que vino a llamarse pueblo o nación. Por esta razón cuando en documentos históricos y oficiales se mencionaba al pueblo únicamente se hacía referencia a aquellas clases sociales que disfrutaban de la ciudadanía política, y que por tanto componían la comunidad política de la que la mayor parte de la población estaba excluida [...]

E. Vidal

Folleto

Portada folleto

Texto